El ex arzobispo de Santa Fe Edgardo Storni fue condenado hoy a ocho años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo. La condena fue impuesta por la jueza María Amalia Mascheroni a raíz de la denuncia realizada por el ex seminarista Rubén Descalzo.
Storni no cumpliría prisión en cárcel común sino en forma domiciliaria por su avanzada edad. El abogado del religioso informó sobre el fallo esta mañana y precisó también que la medida fue apelada. El abogado del religioso informó sobre el fallo esta mañana y precisó también que la medida fue apelada.
El caso Storni se hizo público en 1994, cuando por orden del Vaticano el actual arzobispo de San Juan, monseñor José María Arancibia, investigó denuncias de jóvenes que estudiaban para sacerdotes sobre supuestos abusos sexuales cometidos en el Seminario santafesino y durante los retiros espirituales en Calamuchita, Córdoba. Los testimonios recogidos entonces apuntaban contra Storni, que entonces era el titular del Arzobispado de Santa Fe.
En los relatos, varios seminaristas coincidieron con los testimonios brindados por sacerdotes, algunos de los cuales entregaron copias de cartas remitidas al arzobispo, advirtiéndole la gravedad de los hechos y la necesidad de adoptar alguna medida al respecto de su parte.
Monseñor Storni fue procesado a principios de 2003 por el juez de Instrucción Eduardo Giovanini por la presunta comisión del delito de abuso sexual en perjuicio de un ex seminarista, que había denunciado el hecho en 1993. Pero en la misma resolución, el magistrado desestimó otras dos denuncias contra la autoridad religiosa al considerar que el tiempo transcurrido superaba el establecido para analizar la causa.
Aunque negó ante la Justicia y el Vaticano las imputaciones, Storni renunció al Arzobispado en setiembre de 2002, mediante una misiva remitida al papa Juan Pablo II. La situación se agravó como consecuencia de una carta que el presbítero José Guntern le remitió al ex obispo por un caso de abuso.
El sacerdote, quien falleció tiempo después, fue instado entonces por sus autoridades a que se retracte del contenido de la nota y después se habría llevado a cabo una reunión en el Arzobispado donde al menos cuatro sacerdotes habrían presionado a Guntern para que se rectificara.
Entre esos curas se encontraban Hugo Capello y Marcelo Matero, quienes fueron acusados ante la justicia por presionar al anciano sacerdote, pero luego fueron sobreseídos del delito de coacción. En tanto, los sacerdotes Mario Grassi y Edgar Stoffel, este último ya fallecido, fueron considerados por la justicia partícipes primarios de coacción.
La condena de la jueza Mascheroni fue dictada el miércoles pasado, pero fue dada a conocer hoy por el abogado del ex obispo, Eduardo Jauchen. El abogado explicó que "se trata de la pena mínima por abuso sexual agravado por la condición de autor. En este caso se trataba de un sacerdote que estaba a la guarda", dijo, y por eso el delito fue calificado de "agravado por el vínculo".
ANTECEDENTES CERCANOS DE CURAS ABUSADORES Y PEDOFILOS
En el 2005 el sacerdote José Mercau, quien estaba al frente del Hogar San Juan Diego, ubicado en el barrio Talar de Pacheco, en el partido Tigre, fue acusado de violar a cinco menores, que asistían al hogar por ser víctimas de maltrato y abandono familiar.
Storni no cumpliría prisión en cárcel común sino en forma domiciliaria por su avanzada edad. El abogado del religioso informó sobre el fallo esta mañana y precisó también que la medida fue apelada. El abogado del religioso informó sobre el fallo esta mañana y precisó también que la medida fue apelada.
El caso Storni se hizo público en 1994, cuando por orden del Vaticano el actual arzobispo de San Juan, monseñor José María Arancibia, investigó denuncias de jóvenes que estudiaban para sacerdotes sobre supuestos abusos sexuales cometidos en el Seminario santafesino y durante los retiros espirituales en Calamuchita, Córdoba. Los testimonios recogidos entonces apuntaban contra Storni, que entonces era el titular del Arzobispado de Santa Fe.
En los relatos, varios seminaristas coincidieron con los testimonios brindados por sacerdotes, algunos de los cuales entregaron copias de cartas remitidas al arzobispo, advirtiéndole la gravedad de los hechos y la necesidad de adoptar alguna medida al respecto de su parte.
Monseñor Storni fue procesado a principios de 2003 por el juez de Instrucción Eduardo Giovanini por la presunta comisión del delito de abuso sexual en perjuicio de un ex seminarista, que había denunciado el hecho en 1993. Pero en la misma resolución, el magistrado desestimó otras dos denuncias contra la autoridad religiosa al considerar que el tiempo transcurrido superaba el establecido para analizar la causa.
Aunque negó ante la Justicia y el Vaticano las imputaciones, Storni renunció al Arzobispado en setiembre de 2002, mediante una misiva remitida al papa Juan Pablo II. La situación se agravó como consecuencia de una carta que el presbítero José Guntern le remitió al ex obispo por un caso de abuso.
El sacerdote, quien falleció tiempo después, fue instado entonces por sus autoridades a que se retracte del contenido de la nota y después se habría llevado a cabo una reunión en el Arzobispado donde al menos cuatro sacerdotes habrían presionado a Guntern para que se rectificara.
Entre esos curas se encontraban Hugo Capello y Marcelo Matero, quienes fueron acusados ante la justicia por presionar al anciano sacerdote, pero luego fueron sobreseídos del delito de coacción. En tanto, los sacerdotes Mario Grassi y Edgar Stoffel, este último ya fallecido, fueron considerados por la justicia partícipes primarios de coacción.
La condena de la jueza Mascheroni fue dictada el miércoles pasado, pero fue dada a conocer hoy por el abogado del ex obispo, Eduardo Jauchen. El abogado explicó que "se trata de la pena mínima por abuso sexual agravado por la condición de autor. En este caso se trataba de un sacerdote que estaba a la guarda", dijo, y por eso el delito fue calificado de "agravado por el vínculo".
ANTECEDENTES CERCANOS DE CURAS ABUSADORES Y PEDOFILOS
En el 2005 el sacerdote José Mercau, quien estaba al frente del Hogar San Juan Diego, ubicado en el barrio Talar de Pacheco, en el partido Tigre, fue acusado de violar a cinco menores, que asistían al hogar por ser víctimas de maltrato y abandono familiar.
Los chicos tenían entonces entre 11 y 14 años y según declararon, el sacerdote los seducía y luego los obligaba a mantener relaciones sexuales con él. Según la sentencia, al menos dos de ellos concretaron ese tipo de relaciones.
La diferencia técnica entre las acusaciones a Grassi y a Mercau es que en el caso del sacerdote de la fundación Felices los Niños la actitud sexual del abusador es pasiva, mientras que en el segundo caso es activa y con acceso carnal.
Actualmente la causa de Mercau está estancada en la sala primera de la Cámara de Casación Penal de La Plata. El sacerdote estuvo detenido con arresto domiciliario en un monasterio de los Toldos y luego fue dejado en libertad por el juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari. Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Garantías de San Isidro revocó la excarcelación meses después, pero no dispuso dónde podía cumplir su prisión preventiva, medida que quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, que actualmente lleva adelante la causa.
Mercau fue reemplazo por el sacerdote Mario Yulan, quien en 2007, también fue acusado de abuso sexual por un chico de 18 años, quien relató que el cura lo obligaba a ir a dormir a su casa, se acostaba en la misma cama y le tocaba la cola. Luego de la denuncia, Yulan fue desplazado de la parroquia por decisión del obispo de San Isidro, Jorge Casaretto.
Mario Napoleón Sasso, un cura párroco de Pilar, fue otro de los sacerdotes detenidos por abuso de menores. En 2004, la Justicia de San Isidro lo halló culpable de cinco abusos y lo condenó a 17 años de cárcel.
Sasso fue detenido el 1º de diciembre de 2003 tras ser denunciado por los padres de una nena de 12 años. Antes de ser apresado, el cura estuvo prófugo durante un mes y medio en Paraguay. Luego se supo que Sasso violó a cinco chicas de entre 7 y 14 años en el interior de la capilla La Lonja, que tenía un comedor infantil para chicos de los barrios humildes de Pilar.
La menor fue entrevistada por peritos psicólogicos, a los cuales les describió que el cura la había manoseado en reiteradas oportunidades, se masturbó delante de ella y la amenazó para que no cuente nada de lo ocurrido.
La investigación contra el sacerdote contó con el apoyo de Martha Pelloni, quien organizó colectas de firmas de sacerdotes y laicos denunciando el hecho y las entregó al Nuncio Apostólico. Además, se supo que Sasso había ingresado en 1994 al Domus Mariae, un lugar de tratamiento especial para religiosos con problemas de conducta.
En marzo de 2003 el sacerdote Héctor Pared, fue condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de Quilmes, que lo acusó de abuso sexual agravado y corrupción de menores calificada. Para aplicarle la pena, los jueces tuvieron en cuenta –y así lo detallaron en la sentencia- su “menosprecio por las víctimas”.
Pared, quien fue acusado por un ex empleado, era responsable del hogar “Hermano Francisco” de Florencio Varela, que albergaba a chicos de la calle. Seis menores, declararon en contra del cura y relataron hechos de abusos, golpes y otras humillaciones. Al igual que la condena a Grassi, los delitos de Pared fueron considerados calificados, por su condición de protector de los menores.
FUENTE: DyN, diario Perfil y Crítica Digital
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