El acuerdo tácito que supo tener el kirchnerismo entre 2003 y 2008 con la televisión abierta -que podría resumirse en la frase "No me meto con ustedes, si ustedes no se meten conmigo- funcionó a la perfección hasta que el conflicto con el campo pudrió todo.
Hasta 2007 incluido, todas fueron delicadezas entre el poder y las pantallas de aire. Aquel las agasajaba constantemente: les condonaba deudas a los productores, prolongaba las licencias de radio y TV diez años, y bendecía la fusión entre CableVisión y Multicanal (ahora, en pleno tironeo entre Guillermo Moreno y los jueces que no consienten deshacer esa operación).
Cuando todas eran sonrisas entre el poder y la TV, los canales miraban para otro lado en lo político mientras zafaban a más no poder sus contenidos, sin el más mínimo gusto ni respeto por el horario de protección al menor, y el Comfer no decía ni mu.
La puja por sostener la resolución 125 -que fijaba retenciones crecientes cuanto más subiera el precio de la soja y que, finalmente, fue volteada con el crucial voto de desempate "no positivo" del vicepresidente Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio de 2008- dejó resentimientos definitivos en el gobierno nacional, que se dispuso a cobrar desde entonces muy caras algunas facturas.
Entre sus nuevos enemigos declarados, colocó a grandes grupos de comunicación, y lo que parecía prescindencia o presunto libre albedrío que otorgaba para que la televisión hiciera lo que quisiera empezó a sufrir algunos evidentes ajustes en este 2009 que se va.
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En una rápida enumeración, queda demostrado cómo el Gobierno cambió radicalmente su posicionamiento frente a la TV, que, al comprometerse más con temas de la realidad, ya no le resulta una herramienta de distracción eficiente como lo había sido entre 2003 y 2007 y, por el contrario, se torna peligrosa, con lo cual le resulta perentorio intentar disciplinarla.
Veamos:
1) Se eleva como nunca el voltaje y la frecuencia obsesiva de las amenazas veladas y no tanto, y de las alusiones peyorativas a las empresas de comunicación y al periodismo en general, por parte de la pareja presidencial y funcionarios y legisladores del oficialismo. Por primera vez, desde 2003, la TV es incluida en la prédica negativa oficial, con cada vez más frecuentes referencias negativas. También se abusó del recurso de la cadena nacional.
2) Se enfrían las relaciones fluidas que parecía haber entre el Gobierno y Marcelo Tinelli (otorgamiento de Radio del Plata, grabación de sketch en la Casa Rosada con Freddy Villarreal y participación de Kirchner, subsidio millonario para el polideportivo de Bolívar, etcétera). Al deprimirse en 2009 su rating y ser menos reproducido por los ciclos de chimentos y de archivo en buena parte del año (no sobre el final, que repuntó por el fenómeno Ricardo Fort) pierde capacidad de distracción y, para colmo, adopta posiciones políticas públicas no bien vistas desde lo más alto del poder.
3) Se impuso en el Congreso aceleradamente el tratamiento de la ley de medios para evitar que el tema cayera en las manos de las nuevas mayorías legislativas ungidas en las adelantadas elecciones del 28 de junio y que entraron en funciones el 10 de este mes. El resultado es una ley que reserva para el Estado y para entidades comunitarias el 66 por ciento del espectro de las ondas de radio y TV y que pisotea algunos derechos adquiridos, con la intención de obligar a grandes holdings a "desinvertir" en plazos perentorios para que algunos de sus medios puedan ser cooptados por otros grupos económicos (algunos de ellos, claramente allegados al poder).
4) La abrupta y onerosa estatización de las transmisiones del fútbol provocó daños profundos en por lo menos cinco direcciones: con la activa traición de la AFA, que antes había firmado contratos de exclusividad bastante cuestionables con un grupo privado de comunicación. De la noche a la mañana, ese contrato fue desconocido (con lo cual queda latente la posibilidad de que haya una demanda judicial multimillonaria) y los partidos de los campeonatos locales volvieron a la TV abierta, vía Canal 7, cuya programación quedó consecuentemente dislocada (segundo daño) y la mayor parte de la publicidad oficial se redireccionó hacia estas transmisiones y la quitaron de otros medios que la percibían (tercer daño). El cuarto y quinto daño son los más graves: los 600 millones de pesos invertidos, extraídos de la Anses, no se recuperan y producen distorsión a la industria audiovisual, ya que esa cifra dilapidada representa algo así como la mitad de la facturación publicitaria anual de la TV.
5) Este año también se anunció para usufructo de Canal 7 una red satelital propia y su pantalla se llenó de noticieros ordinarios y extraordinarios a toda hora, flashes informativos y una versión diaria y ultra-K de TVR ( 6-7-8 ), en tanto que ese programa, en la pantalla del 13, también se puso oficialista, y pasará en 2010 a la pantalla de Canal 9, que deberá desenvasarse un poco más si quiere seguir en manos de su permisionario mexicano Angel Remigio González y González.
6) Si queda claro de qué lado está Canal 7 -más que "TV pública" como reza su eslogan, es una TV decididamente gubernamental cuando se juegan temas políticos cruciales-, el oficialismo no tan tácito de Telefé, el canal líder, podría pasar inadvertido para los televidentes distraídos. Pero más allá de que el pasatismo domine su pantalla y su noticiero, ¿no es realmente curioso que siendo el matrimonio Kirchner tan reticente a sus contactos con la prensa le haya concedido sólo a este medio tres entrevistas (dos, Cristina, y una, Néstor)?
7) En tanto que el Gobierno adoptó el 1° de agosto la norma japonesa para instrumentar en nuestro país la TV digital, en sintonía con Brasil, a principios de este mes se reservó para su uso los canales 22 al 24 de las frecuencias UHF, donde dará a conocer nuevas señales propias. Los cableoperadores también serán obligados a transmitir las señales de los canales oficiales.
8) El año culmina con Gabriel Mariotto como flamante presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y con Agustín Rossi como presidente de la comisión bicameral sobre medios, en tanto que las empresas que se sienten afectadas por la nueva ley comienzan a encontrar eco en los estrados judiciales.
Fuente: La Nación
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