“Aborto” un tema, cuyo debate, fue negado durante muchos años en la Argentina, negado con la violencia y muerte de miles de Mujeres en nuestro país. Se estima que cada año alrededor de medio millón de mujeres deciden una Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina, a pesar del Código Penal.
En nuestra provincia, según los datos del Hospital Perrando, en promedio de 5000 nacimientos anuales se cuentan 600 abortos, esta realidad implicaría en promedio 43 abortos por mes. En 2009 se contabilizaron durante diciembre 48 abortos, 36 en noviembre, 45 en octubre, 49 en septiembre, 59 en agosto, 44 en julio 55 en junio, 44 en mayo, 49 en abril, 50 en marzo, 49 en febrero y 50 en enero un total de 578 a lo largo del año.
En el marco del debate abierto sobre el aborto, la diputada Nacional, Cecilia Merchán, del Movimiento Libres del Sur, junto a otros legisladores nacionales, presentaran un proyecto de ley sobre “El derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo durante las primeras doce semanas”, que es una continuidad del Proyecto de Ley para Legalizar el Aborto, presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2007 y contó con la firma de 22 legisladores y legisladoras, pero nunca fue tratado.
Entre otros puntos incluye la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Esta Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Seguro y Gratuito esta´ conformada por más de 250 agrupaciones, sostiene el lema "Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir".
El Aborto es un problema de Necesidad y Urgencia, en nuestro país, entre 400.000 y 600.000 interrupciones voluntarias del embarazo, miles de mujeres padecen graves secuelas o mueren productos de abortos clandestinos, la gran mayoría, mujeres, niñas y adolescentes de los sectores sociales excluidos y postergados de nuestra sociedad.
La despenalización del aborto implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito, para que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente. Solo debieran castigarse por ley los abortos realizados contra la voluntad de la mujer.
La legalización del aborto significa modificar leyes, pero sobre todo diseñar y ejecutar políticas públicas para que el aborto sea realizado en hospitales públicos y obras sociales de manera segura y gratuita para quienes no tienen otra cobertura de salud, como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres.
La legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, todas las mujeres que en función de sus creencias no lo aprueben, pueden sostener sus convicciones, de igual manera que aquellas que lo admiten deben poder actuar según su conciencia, tomando en libertad las decisiones que juzguen necesarias, sin amenazas ni coerción alguna. Sí exige del Estado garantizar las opciones, el acompañamiento y alta calidad de atención a mujeres y niñas que atraviesan estas decisiones.
"La criminalización del aborto y la penalización de las mujeres que abortan no reduce el número de esas intervenciones y provocan, en cambio más muertes y un mayor sufrimiento humano al facilitar la existencia de un mercado clandestino de abortos inseguros. En virtud de ello, las sociedades deben despenalizar el aborto y legislar para prevenir los embarazos no deseados".
"La criminalización del aborto y la penalización de las mujeres que abortan no reduce el número de esas intervenciones y provocan, en cambio más muertes y un mayor sufrimiento humano al facilitar la existencia de un mercado clandestino de abortos inseguros. En virtud de ello, las sociedades deben despenalizar el aborto y legislar para prevenir los embarazos no deseados".
* Por Nancy Sotelo (Coordinadora del Movimiento Juana Azurduy)
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