Un grupo de legisladores provinciales proponen convocar a consulta popular para decidir sobre el destino de la exploración y explotación de hidrocarburos en suelo chaqueño. Los diputados de los 5 bloques firmantes anunciaron que darán una conferencia de prensa el día Martes a las 10 hs. en la sala de Labor Parlamentaria del cuarto piso del anexo legislativo para dar detalles sobre este proyecto.
Los diputados Carlos Martínez (Libres del Sur), Egidio García (Justicialismo Indígena), Inocencia Charole (PJ), Clelia Ávila (Alianza Frente de Todos) y Fabricio Bolatti (Frente Grande), presentaron en el día de ayer un proyecto de ley para convocar al pueblo de la Provincia del Chaco a Consulta Popular “en los términos del artículo 2º, inciso 2) de la Constitución Provincial 1957- 1994 y la Ley Nº 4313, a fin de que manifieste su conformidad o rechazo respecto a los acuerdos de exploración conjunta y eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, suscriptos el 30/01/09 entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.", en el marco de lo previsto por el Decreto 1884/08, ratificado por ley Nº 6.278”.
La iniciativa está enmarcada en el derecho de los ciudadanos, consagrado en la Constitución Provincial, a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservar, conservar y defender el medio ambiente y los recursos naturales. Dada la polémica surgida por los términos de este acuerdo, y las dudas sobre los destinos de la renta, los legisladores que suscriben el proyecto consideraron que “los mecanismos de participación ciudadana y popular, representan una herramienta válida para abordar un tema tan importante como este”.
En ese sentido, los fundamentos de la convocatoria a Consulta Popular contemplan que “la posibilidad de encontrar yacimientos que permitan la explotación de hidrocarburos dentro del territorio provincial ofrece al Pueblo de la Provincia una oportunidad histórica de contar con recursos de importante cuantía y valor” pero advierten que existe la posibilidad de que “en el desarrollo de las actividades de exploración, explotación, industrialización, almacenaje, transporte, y comercialización de dichos recursos, pueden verse afectados los intereses y derechos contemplados en el Art. 38º de nuestra Carta Magna, en particular el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano”.
Los legisladores valoran el recurso ya implementado de la Audiencia Pública, pero consideran que este mecanismo “no agota a nuestro entender, el derecho a la información ambiental, consagrado tanto por la Constitución Nacional como por diversas instancias internacionales”. Los derechos ambientales están, según los fundamentos de esta iniciativa, íntimamente relacionados con “los derechos del pueblo sobre sus recursos naturales estratégicos y las perspectivas de su explotación, enmarcados en los límites de un desarrollo sustentable, que preserve y defienda los intereses del pueblo en su conjunto”.
El diputado Carlos Martínez manifestó que “hay que considerar que el proceso de provincialización de los hidrocarburos en la Argentina, no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa en los hechos una privatización encubierta” y agregó que “si tenemos un poco de memoria, tenemos que recordar que la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los noventa primero pasó por la provincialización de los activos de YPF”. El diputado Fabricio Bolatti había manifestado hace pocos días que “la discusión debe estar dirigida hacia quien tiene que ser el propietario de la renta producida, quien debe decidir sobre la utilización o uso de los hidrocarburos provinciales y si la explotación tiene que estar en manos del Estado o del sector privado".
Además de las dudas generadas en un sector de la población sobre las condiciones de estos acuerdos y los efectos que pueden tener en la economía local, la legisladora Inocencia Charole planteó recientemente la pregunta sobre los terrenos pertenecientes los pueblos indígenas y las consecuencias que una exploración y posible explotación petrolera puede tener sobre esas comunidades. Esta preocupación, que es compartida por el diputado Egidio García y los representantes de los Pueblos Originarios, también forma parte de las motivaciones del proyecto de Consulta Popular.
Los diputados Carlos Martínez (Libres del Sur), Egidio García (Justicialismo Indígena), Inocencia Charole (PJ), Clelia Ávila (Alianza Frente de Todos) y Fabricio Bolatti (Frente Grande), presentaron en el día de ayer un proyecto de ley para convocar al pueblo de la Provincia del Chaco a Consulta Popular “en los términos del artículo 2º, inciso 2) de la Constitución Provincial 1957- 1994 y la Ley Nº 4313, a fin de que manifieste su conformidad o rechazo respecto a los acuerdos de exploración conjunta y eventual explotación de hidrocarburos y propuesta de asociación con la Provincia, suscriptos el 30/01/09 entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, "YPF S.A.", "SECHEEP" y "UNITEC ENERGY S.A.", en el marco de lo previsto por el Decreto 1884/08, ratificado por ley Nº 6.278”.
La iniciativa está enmarcada en el derecho de los ciudadanos, consagrado en la Constitución Provincial, a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservar, conservar y defender el medio ambiente y los recursos naturales. Dada la polémica surgida por los términos de este acuerdo, y las dudas sobre los destinos de la renta, los legisladores que suscriben el proyecto consideraron que “los mecanismos de participación ciudadana y popular, representan una herramienta válida para abordar un tema tan importante como este”.
En ese sentido, los fundamentos de la convocatoria a Consulta Popular contemplan que “la posibilidad de encontrar yacimientos que permitan la explotación de hidrocarburos dentro del territorio provincial ofrece al Pueblo de la Provincia una oportunidad histórica de contar con recursos de importante cuantía y valor” pero advierten que existe la posibilidad de que “en el desarrollo de las actividades de exploración, explotación, industrialización, almacenaje, transporte, y comercialización de dichos recursos, pueden verse afectados los intereses y derechos contemplados en el Art. 38º de nuestra Carta Magna, en particular el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano”.
Los legisladores valoran el recurso ya implementado de la Audiencia Pública, pero consideran que este mecanismo “no agota a nuestro entender, el derecho a la información ambiental, consagrado tanto por la Constitución Nacional como por diversas instancias internacionales”. Los derechos ambientales están, según los fundamentos de esta iniciativa, íntimamente relacionados con “los derechos del pueblo sobre sus recursos naturales estratégicos y las perspectivas de su explotación, enmarcados en los límites de un desarrollo sustentable, que preserve y defienda los intereses del pueblo en su conjunto”.
El diputado Carlos Martínez manifestó que “hay que considerar que el proceso de provincialización de los hidrocarburos en la Argentina, no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa en los hechos una privatización encubierta” y agregó que “si tenemos un poco de memoria, tenemos que recordar que la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los noventa primero pasó por la provincialización de los activos de YPF”. El diputado Fabricio Bolatti había manifestado hace pocos días que “la discusión debe estar dirigida hacia quien tiene que ser el propietario de la renta producida, quien debe decidir sobre la utilización o uso de los hidrocarburos provinciales y si la explotación tiene que estar en manos del Estado o del sector privado".
Además de las dudas generadas en un sector de la población sobre las condiciones de estos acuerdos y los efectos que pueden tener en la economía local, la legisladora Inocencia Charole planteó recientemente la pregunta sobre los terrenos pertenecientes los pueblos indígenas y las consecuencias que una exploración y posible explotación petrolera puede tener sobre esas comunidades. Esta preocupación, que es compartida por el diputado Egidio García y los representantes de los Pueblos Originarios, también forma parte de las motivaciones del proyecto de Consulta Popular.
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